Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías utilizando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión Sugerencias adicionales mediante una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de dos meses.

Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un enfrentamiento que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..